Los sistemas de “cupones verdes” mediante los que se sustituye el gasto directo en la oferta gubernamental de servicios médicos y escolares por sistemas de subsidio directo de la demanda, tienen como principal virtud que el costo fiscal del subsidio de la demanda resulta menor que el mantenimiento del sistema estatal de oferta en educación y todo lo que se suele llamar “seguridad social”. Es simple... los prestadores privados de servicios son financieramente más eficientes que el gobierno en cualquier función que no sea de naturaleza represiva. Un gobierno que entrega cupones para que la gente pueda pagar con ellos servicios médicos y escolares (y que pudiera hacer lo mismo con esquemas de jubilación por capitalización individual) logra garantizar el acceso a tales servicios (con cargo al presupuesto público) al menor costo para el fisco y con mejor calidad para los usuarios. No deja de ser una redistribución del ingreso el usar el presupuesto público a tales fines, aún con mayor eficiencia. Los sistemas estatales “seguridad social” en materia de jubilaciones, servicios médicos gratuitos, e incluso de escuelas públicas, están al borde del colapso financiero en aquellas socialdemocracias que los inventaron, en las que los imitaron, y más aún en donde jamás despegaron realmente... como es nuestro caso.

Ante ese colapso inevitable hay que privatizar la totalidad de sistema de seguridad social, atención médica y servicios escolares, garantizando niveles de atención gratuita de una variedad y calidad que el sistema gubernamental jamás logrará sostener el tiempo. No deja de ser la redistribución de un ingreso por vía de impuestos. Pero esa deficiencia se superaría en un sistema universal de seguridad social capaz de garantizar a todos los ciudadanos los servicios de salud, educación y jubilación, con cargo a rentas actualmente monopolizadas por el Gobierno, distintas y distantes de los impuestos. Así, se podría no solo garantizar que aún el ciudadano con los menores ingresos, disfrutase de servicios médicos, educativos, y pensión de vejez independientes de sus ingresos sin recurrir a la fuente fiscal. En Venezuela eso sería posible iniciarlo mañana, gracias al trabajo de la AC Petróleo Para el Pueblo y su Presidente Pedro Elías Hernández, que han adelantado -como proyecto de Ley- el primer paso indispensable para garantizar la transferencia directa a los ciudadanos del 100% de las rentas patrimoniales del subsuelo... que financiarían fácilmente un sistema de integral de seguridad social privado y competitivo.

La transferencia de la renta de un recurso actualmente monopolizado por el Estado, la proponemos los liberales como forma de superar el carácter fiscalista del sistema conocido de “cupones verdes”. Se podría argumentar que el sistema conocido, de no ser universal, tendería a crear dos clases de ciudadanos. La de los que usan pagan por sus propios servicios con su dinero, y por los de los demás con sus impuestos. Y de ser universal crearía una insostenible presión fiscal. Y para superar ese tipo de problemas potenciales es que planteamos diferencias críticas con el sistema conocido de subsidio de la demanda. En realidad lo que estamos proponiendo para Venezuela es críticamente diferente y muy superior de todo lo conocido hasta ahora en esta materia.

En defensa del sistema aubsidio fiscal directo de la demanda, debo decir que no hay nada capaz de producir mayor presión fiscal que un sistema de oferta gubernamental que está garantiza la quiebra financiera por su naturaleza, como el que se intenta hoy en casi todo el mundo en estas materias.

El sistema que proponemos en el programa del Movimiento Liberal Libertario Resistencia Civil, puede y debe ser universal, no habría nadie excluido de la transferencia del recurso por lo que no se crean dos clases de ciudadanos. Por cierto, que eso es lo que ocurre actualmente. ¡No podemos crear lo que ya crearon otros! El problema existe y únicamente podríamos enfrentarlo desde la realidad, porque creado está desde hace mucho tiempo: Hay quien tiene recursos para pagar la educación o los servicios de salud privados (e incluso planes personales de pensión privados internacionales) y hay muchos más que se tienen que conformar con los del gobierno... o con nada. Porque entre los que se tendrían que conformar con los del gobierno, hay unos que reciben pechuga, otros cogote... y algunos nada. Cosa que se puede discriminar, y se ha discriminado siempre, por filtros políticos y gremiales.

Con el sistema propuesto todos tendrían acceso a la gama completa (o al menos una mucho más amplia) de oferta. Incrementándose la demanda se mejora la oferta por economía de escala y competencia, con lo que los precios bajan y la calidad sube. Exactamente lo contrario de lo que ocurre ahora.

La regalía producto de la propiedad del subsuelo (que desde la Corona hasta la fecha han usado nuestros gobernantes, con mayor o menor éxito, para no depender financieramente de la sociedad, logrando finalmente en el siglo XX que fuera la sociedad la que dependiera financieramente del Estado de forma creciente) se puede transferir integralmente a los ciudadanos al tiempo que se crea un nuevo sistema privado, competitivo y universal de seguridad social para todos.

La clave de la propuesta está en la transferencia directa de la renta del subsuelo a cuentas individuales. Si no se realiza tal transferencia, el subsuelo seguirá siendo un monopolio del Estado aunque se entregase a cada ciudadano gratuitamente su propia acción de PDVSA transfiriendo así el 50% de la industria al pueblo y subastando el otro 50% exclusivamente para el pago de las deudas que contraen los gobiernos para su despilfarro y pagan los ciudadanos con su empobrecimiento, que es la otra mitad de la solución al conjunto de los problemas que el monopolio petrolero Estatal ha causado en nuestra economía. Una cosa es la Industria que fue estatizada desde 1975 y otra el subsuelo ya estaba estatizado en la colonia. Un punto importante es que otros mecanismos para privatizar el subsuelo tienen más problemas de implementación, generarían más resistencia, y no sustituirían de una vez los programas sociales estatistas financieramente insostenibles.

En el esquema que proponemos, la transferencia es universal y el manejo de las cuentas individual, los fondos se acumulan la institución financiera que cada cual elija –lo que establece una sana competencia por prestar los mejores servicios de intermediación- en cuentas individuales de las posteriormente el usuario entrega el cupón de pago y es la institución financiera, no el gobierno, quien lo redime en efectivo. Pero la transferencia inicial puede ser directa desde las empresas que exploten dichos recursos, a las instituciones financieras (lo que posiblemente requería de una reforma constitucional. Razón por la que no está indicado en esa forma en el proyecto de Ley de los amigos de Petróleo Para el Pueblo) limitándose el gobierno a hacer cumplir la Ley y los mandatos judiciales en esa materia como en todas las demás.

Los recursos transferidos a las cuentas individuales estarían divididos en tres sub-cuentas y podrían gastarse de inmediato únicamente en servicios de salud y educación, además de acumularse en sistemas de capitalización individual para el retiro. Pero los tres serán capitalizables en cada sub-cuenta individual por lo no gastado, y su rendimiento financiero, y finalmente se unificarían los remanentes de las sub-cuentas al uso final de jubilación. Siendo cada cual libre de decidir entre las alternativas del mercado como transformar su capital acumulado en una jubilación garantizada u otro forma de inversión. Así podemos hablar de ¡todo poder para el pueblo¡ únicamente si entendemos que es lo contrario de lo hacen los socialistas del siglo XXI, como los del siglo XX, XIX o cualquier otro, y que no es más que acumular ¡todo el poder para el Estado!. Entender eso es el verdadero principio de una revolución de prosperidad... pero es solo el principio.