En estos días se ha venido hablando en Venezuela del tradicional aumento del salario mínimo por parte del gobierno nacional. El lector debe apreciar que un salario mínimo impuesto por ley no es más que un control de precios, mediante el cual se le prohibe a los empresarios pagar salarios a sus empleados por debajo de un cierto límite arbitrario. Como todo control de precios, el salario mínimo genera distorsiones en el mercado laboral. La consecuencia inmediata es que aquellos trabajadores que actualmente no son capaces de producir por encima del límite serán despedidos, o no serán contratados en primera instancia, creando con ello más desempleo entre aquellos que más necesitan de un trabajo.

Un ejemplo permite ilustrar mejor la idea. Imagínese a un trabajador que hoy en día es capaz de producir para su empresa 350.000 Bs mensuales. Si el salario mínimo pasa a ser -como quiere el presidente- 400.000 Bs mensuales, entonces ya no es económicamente rentable para el empresario mantener a dicho trabajador (si lo hiciera estaría incurriendo en pérdidas, 50.000 Bs mensuales por cada trabajador) o contratar a nuevos trabajadores. El efecto será entonces mayor desempleo.

¿Quiénes se ven más afectados por la medida? Todos aquellos cuya productividad marginal sea menor al salario mínimo impuesto a la fuerza por el gobierno, es decir, los más vulnerables: obreros y trabajadores de baja calificación, los jóvenes sin experiencia y buscando trabajo por primera vez, en suma, aquellos a los que la buena intención del gobierno pretende ayudar.

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