El problema que se evidenció cuando unos jóvenes políticos fueron procesados judicialmente, pese a que serían culpables apenas de banalizar la política (que no es delito) no es tanto que a falta de algo mejor que ofrecer al electorado, intentasen captar simpatías para sus candidatos colocando caricaturas de fantasmas... más favorables al abstencionismo que al inicio de campaña de su partido. Hasta ahí, incluso fueron ineficientes... pero únicamente hasta el momento en que los transformó en victimas un poder abusivo. Ni son el principal problema los que los arrestan sin justificación... los que los procesan sin sentido del ridículo. O los que desde el poder miden... o dejan de medir las consecuencias políticas reales del absurdo. El problema evidente fue que, a las primeras de cambio al menos, no vimos jueces cortando de raíz el absurdo de calificar como delito algo irrelevante... y aún risible.

Y aunque existan en todo el mundo... o la mayor parte del mismo, también son un problema las diversas leyes incivilizadas que tipifican crimines sin victimas... “crímenes” por lo demás tan subjetivos como “incitar al odio”. Esperemos que en este caso encuentren los responsables reales la tangente para salirse sin dañar inocentes

GRANDES MALES

Pero un problema sin tangentes posibles, de mucho mayor gravedad y extensión en la Venezuela de hoy, es el abuso del poder y la violencia desatada, en la repetición revolucionaria de la fracasada reforma agraria adeca. No porque agrave un problema artificial de propiedad de las tierras de cultivo, en un país escasamente agrario... Como porque complica más aún el problema real y creciente de la escasa protección de derechos humanos tan fundamentales como la vida, libertad y propiedad... Que entre nosotros están en las arbitrarias manos de un Estado que puede hacer ¡lo que se le dé la gana! con vidas y propiedades, mediante la omisión politiquera de sus reales obligaciones y/o el uso o abuso oficial u oficioso de sus prácticamente ilimitados poderes.

Sobre el problema de la violencia me ilustró como nadie, Marbella Rodríguez, administradora de su fundo familiar yaracuyano productor de caña de azúcar: Las doscientas hectáreas de su familia fueron quemadas hasta arrasar la siembra de caña, al tiempo que ella fue victima de un frustrado intento de asesinato por algunos invasores, que no conformes con golpearla, la amarraron y rociaron de gasolina, arrojándola en un galpón que previamente habían incendiado. La violencia desatada por la politiquería populista es un grabe problema, pero también es grabe la abundancia de políticos socialistas “opositorpes” que concuerdan con quitarle sus tierras a la familia de Marbella, para que un Estado (manejado por ellos con banderas de rosas rojas, en lugar de hoces y martillos rojos) ponga a trabajar en ellas neo-siervos “cooperativistas” forzosos... pero sin tanta violencia y desorden... porque no entenderán jamás que la violencia se combate de raíz, únicamente cuando el Estado protege plenamente los bienes y las personas... y el Estado lo hace únicamente cuando la abrumadora mayoría de la gente NO vota por políticos que justifiquen el robo en forma alguna.

El problema de las tierras privadas es el ya tradicional desconocimiento de la realidad histórica por nuestros legisladores, que terminan dándole al mandamás de turno la facilidad de abusar de una improbable “tradición legal” –o de ignorarla olímpicamente con cualquier leguleya excusa- cuando la titularidad precaria es producto del recuento de todos las deficiencias y abusos gubernamentales de nuestra muy accidentada historia... La solución empieza por reconocer en principio todos los títulos otorgados por el Estado Venezolano, los de ayer mismo, como los de hace décadas, los de hace siglos... y los coloniales. Para proteger la propiedad privada de cualquiera que la pueda ejercer hoy. Y entender que dirimir conflictos por contradicciones de títulos de unos particulares, con los de otros particulares, son asuntos entre particulares... Pues un Estado no puede beneficiarse de “desdecirse” de título alguno otorgado por ese mismo Estado... Y que dirimir entre particulares corresponde al poder Judicial independiente... No al Ejecutivo... Que hoy como ayer pretende ser “Juez y parte”... Y “negociar” con un arma en la mano. Problemas que se solucionan mediante registros ordenados y eficientes de tierras privadas, regidos con leyes justas aplicadas con procedimientos simples y realistas, que limiten el poder del Estado... Y con más y mejores tribunales independientes.

El problema de los invadidos es que el Estado ignora, hoy como ayer, su obligación de proteger los bienes y las personas. Hoy como ayer el poder político apuesta por la politiquería extorsionista, intentando finalmente quedarse con la tierra sin pagar, manipulando invasores y abusando del poder y la impunidad que malas leyes le conceden. Y eso se soluciona quitando al Estado el poder arbitrario de quitar a unos la propiedad privada, para conceder a otros una seudo propiedad precaria... Obligando al ejecutivo a resarcir las perdidas patrimoniales derivadas de su omisión continuada al no proteger los bienes y restituir la propiedad invadida. Y sobre todo, estableciendo claramente la responsabilidad patrimonial de los funcionarios culpables, por acción u omisión, de tales desafueros.

El problema real de los invasores, es que no reciben títulos de propiedad privada de la tierra. Reciben concesiones graciosas de uso colectivo tutelado permanentemente por Estado. Reciben títulos, pero de NO-propiedad. Y cualquiera puede ser forzosamente excluido y sustituido por otro, o pueden ser revocadas para todos, o algunos. En cualquier momento... bien porque el mandamás cambie de opinión en cualquier forma... o por un cambio eventual de mandamás. Así que su precaria condición será la de neo-siervos... no la de ciudadanos. Y eso se soluciona otorgándoles la propiedad privada real de aquellas tierras que ocuparon por instigación politiquera cuando sobre estas recibieron títulos estatales de NO-propiedad.

El problema de las tierras “publicas” -y de los esfuerzos del gobierno por adueñarse de más, y sobre todo de las mejores tierras- es que no son realmente públicas, son gubernamentales, y están sujetas al uso y abuso del mandamás de turno y sus amigos.

La solución es limitar al Estado, autorizándole únicamente la propiedad de tierras de parques nacionales, resguardos forestales, vialidad y obras públicas para sus limitados fines propios. Y abrir el resto de las tierras públicas, a la reclamación y uso productivo de cualquier particular... como fuente razonablemente regulada de nueva propiedad privada rápida y simple.

GRANDES REMEDIOS

El problema de fondo fue, es y será el abuso del poder del Estado. Y la única solución es limitar el poder del Estado. Lo que no está dispuesto al libre disfrute de todos... NO es de todos. Lo que es del Estado no es del pueblo... Lo que es del pueblo no es del Estado... Para tener poder el pueblo ha de quitárselo al Estado... y lo conservará únicamente al sostener la soberanía irrenunciable de cada individuo contra toda amenaza, incluida la de la mayoría.

Pero para adelantar sería importante que en una Asamblea en que decenas de diputados se autodenominan “opositores”, ante un gobierno socialista, todos ellos hubieran votado NO a la Ley de tierras. Y eso es mucho más de los únicos tres que efectivamente lo hicieron.

La verdad en esto una sola: La solución pasa por la responsabilidad del votante. En Aragua, por ejemplo, quien pudiendo votar diputado al parlamento en diciembre un liberal como Pedro Elías Hernández... votase un socialista como Tablante. Estará votando por el socialismo liderizado por Chávez... más aún que si votara por el MVR y su morocha. Después de todo, una oposición de eunucos ideológicos, políticamente inconsistente, y crematísticamente sospechosa... ha sido una de las mayores fortalezas de esta revolución.

Una oposición real, será lo contrario de los escasos oportunistas de cuarta que así se han dado a la tarea de autodenominarse, para escarnio del idioma y la razón. La verdadera oposición al socialismo deberá deslastrarse de quienes se autodenominan socialistas en “oposición” al indiscutible caudillo del socialismo venezolano (símbolo continental y aún global, del socialismo del siglo XXI) Esa oposición real al socialismo crecerá cambiando la actitud “defensiva” (que tampoco se manifiesta, a la hora de la verdad, en los votos parlamentarios) de quienes no tienen nada que proponer, por la ofensiva política de una agenda legislativa compuesta por propuestas de Leyes que sirvan para derogar las leyes estatistas, sustituyéndolas por un ordenamiento jurídico civilizado y protectore de la soberanía individual, como las que venimos trabajando en el programa de soluciones de Resistencia Civil Movimiento Liberal Libertario Venezolano.

Curiosamente, el socialismo del siglo XXI creó los procedimientos constitucionales para hacerlo desde la calle, sin necesidad de diputados... Y que en la única oportunidad en que se usaron... abusó del poder gubernamental con la clara intención de masificar el miedo, como “regulador” revolucionario de la democracia “participativa y protagónica”... Pero ese miedo está en pañales. Y hoy tenemos que construir un movimiento político liberal que se deslastre de la oposición inconsistente, combata el miedo con ideales... y supere el “cabezaderratonismo” para adelantar la larga y sostenida lucha por construir un nuevo ordenamiento jurídico republicano y liberal en defensa de la soberanía individual y limitación civilizada del poder del Estado... Y en eso andamos cada vez más liberales, en cada vez más lugares de Venezuela... sin prisa y sin pausa. Porque después de todo, lo que estamos adelantando, es solo el principio.